PAN envió carta al Congreso rechazando proyecto de ley “del periodista”

10 de diciembre de 2018

El Proyecto Antonio Nariño PAN, que agrupa a cuatro organizaciones de periodismo de Colombia: la Asociación Colombiana de Medios de Información, AMI, la Fundación para La Libertad de Prensa, FLIP, la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, FNPI y Friedrich-Ebert- Stiftung en Colombia, FESCOL,  envió el pasado 7 de diciembre una carta al Congreso rechazando este proyecto de ley que avanza en el Congreso y que busca revivir la tarjeta profesional de periodista. 

 

Bogotá, D.C., 7 de diciembre de 2018

 

Bogotá, D.C., 7 de diciembre de 2018

Honorable Senador

ANTONIO LUIS ZABARAIN GUEVARA

Presidente Comisión Sexta Constitucional

HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Ciudad

         Asunto: Comentarios al Proyecto Proyecto de Ley 234 de 2018 Plenaria Senado

 

 

De acuerdo con la exposición de motivos, el proyecto se justifica en dos ideas principales: el periodismo ocupa un papel fundamental dentro de la sociedad y los periodistas deberían actuar con responsabilidad y ética. Sin embargo, el proyecto de ley va directamente en contra de estas premisas, ya que (i) lo que establece perjudicará al periodismo en Colombia y (ii) no avanza en la promoción de la ética periodística.

Sobre la creación de una tarjeta profesional o credencial y el Consejo Profesional

El proyecto pretende crear una tarjeta profesional o credencial que podrá ser solicitada por cierto tipo de personas que hayan cumplido requisitos de estudios, experiencia o porcentaje de ingresos económicos derivados del periodismo, según lo establecido en el artículo 7. Sólo estas personas podrían obtener la tarjeta profesional y acceder a los derechos que se reconocen en el artículo 4 del nuevo articulado.

A pesar de que el proyecto dice que a ninguna persona se le podrá exigir título o credencial profesional para su ejercicio laboral como periodista, la propuesta es violatoria de la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos por ser contraria al derecho a la igualdad y no discriminación. Se quedarían por fuera de la posibilidad de obtener esta credencial y de acceder a la plenitud de derechos que se reconocen, por ejemplo:

  • Los periodistas que no hayan cursado estudios universitarios en periodismo y que no tengan más de quince años de experiencia.
  • Los periodistas que no tengan quince años de experiencia pero que, a pesar de ejercer el periodismo, no obtengan el 70% de sus ingresos de esta actividad (¿desde cuándo los ingresos de un periodista son un criterio válido para acreditar la calidad, rigurosidad o importancia del trabajo periodístico?).
  • Los periodistas que no logren “acreditar” quince años de experiencia, incluso teniéndola.

Lo anterior, sin considerar los evidentes errores de técnica legislativa que también dejan por fuera a los periodistas colombianos no nacidos en Colombia y a los periodistas extranjeros que estudien su carrera en Colombia.

De acuerdo con el proyecto, la función de estudiar y aprobar las solicitudes estará a cargo de un Consejo Profesional del Comunicador Social y/o Periodista. Este Consejo, además, tendrá el poder de suspender temporal o, incluso, definitivamente las credenciales. La ley no establece mayores criterios para esta tarea.

El proyecto de ley es violatorio de la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Este proyecto de ley no tiene en cuenta los artículos y sentencias que él mismo invoca como relevantes. La propuesta crea un riesgo alto de discriminación al crear periodistas de primera y segunda categoría, violando el derecho a la igualdad. Tozudamente, se insiste en una idea que ha sido cuestionada tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (opinión consultiva OC-5/85) como por la Corte Constitucional de Colombia.

A manera de ejemplo: una obstrucción que sufren frecuentemente los periodistas en Colombia son las obstrucciones por parte de autoridades que no permiten el acceso a los lugares de interés periodístico. Reconocer expresamente este derecho para quienes tengan la credencial que establece el proyecto (como en efecto lo hace esta ley) deja en duda tal derecho para quienes no la tengan.

Los periodistas también podrían ser discriminados en su contratación en entidades públicas o privadas por cuenta de esta credencial. Y si lo que busca el proyecto es la profesionalización de los periodistas, debería entonces hacer propuestas que avancen efectivamente en la consecución de este objetivo, en vez de en la exclusión de quienes no tienen título.

En la sentencia C-650 de 2003, la Corte Constitucional sostuvo (en relación con una ley que reconocía como periodistas profesionales a quienes tuvieran un título universitario y a quienes hubieran ejercido la profesión por al menos diez años de manera remunerada) que los desarrollos legislativos para reconocer la actividad periodística “no pueden aparejar ningún tipo de exclusión”, que “nadie debe tener el monopolio del reconocimiento del periodista” y que “la finalidad del reconocimiento debe ser eminente y exclusivamente protectora del periodista”. Sin embargo, este proyecto es excluyente y deja desprotegida a una población importante de periodistas.

El proyecto no avanza en la promoción de la ética periodística

En su exposición de motivos el proyecto habla de la importancia de la ética periodística. Sin embargo, el proyecto no propone nada para avanzar en este punto. La ética periodística no se asegura con la aprobación de una carrera en periodismo. Así mismo, no podría asumirse que quien no haya cursado tal carrera no actúa de manera ética.

En conclusión, el proyecto crea un riesgo de discriminación muy amplio sin ofrecer ninguna justificación suficiente para la creación de una credencial.

 

Cordialmente,

 

WERNER ZITZMANN                              PEDRO VACA

Director Ejecutivo                                   Director Ejecutivo

AMI                                                             FLIP

 

                                                                                    

JAIME ABELLO                                           OMAR RINCON

Director General                                         Director Comunicación

FNPI                                                              FESCOL                                                                                 

 

Si quiere oír la entrevista del Director Ejecutivo de Ami en Blu Radio sobre las implicaciones de este proyecto de ley que hace trámite en el Congreso, ingreseaquí.

 

 

                     

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