Denunciar hechos punibles es una obligación legal de los colombianos con base en principios constitucionales. Y para la investigación, imputación, juzgamiento y condena de delitos existen instituciones, normas y procedimientos.
La formulación confusa de supuestas denuncias a través de otros canales, en el contexto de purgas y revanchas personales con tufo político resultan absolutamente reprochables.
Conlleva motines de opinión que exacerban emociones, enjuiciamientos que estigmatizan causas y destinatarios, sin que retractación o rectificación alguna pueda restablecer su caracter, y enrarecen el funcionamiento del estado de derecho desde toda óptica negando sus valores.
Vemos como en la política internacional y en la colombiana se impone de manera efectiva esta práctica como herramienta proselitista, de distracción, de distorsión, desequilibrio y conducción de la opinión pública en favor de intereses de quienes la emplean y en contra de sus enemigos y obstáculos.
Falsas noticias y posverdad, son algunos de los términos que se acuñan actualmente para explicar este fenómeno, el cual se ha salido de control con evidentes y nefastas consecuencias para el mundo y para Colombia.
AMI (antes Andiarios) y sus medios de información afiliados rechazan estas prácticas, invitan a las audiencias a ser exigentes con las fuentes en términos de la calidad y veracidad de sus contenidos, y a evitar las que se nutren de estos atropellos.
Así mismo, invitan a los medios de información serios a unirse institucionalmente en una campaña por contenidos veraces y excelsos, negándose a convertirse en efectistas propagadores de mensajes de estrategas de la comunicación engañosa.
Nuestra solidaridad en esta ocasión con el periodista Daniel Samper Ospina, señora, hijas y familia.
Bogotá D.C., 17 de julio de 2017