22 de Junio de 2023
Llamamos la atención sobre los graves planteamientos de la Senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, e invitamos a la ciudadanía a realizar reflexiones conscientes, serias y responsables sobre este tema.
Ha escrito en su Twitter que la Fiscalía debe intervenir un medio para que encuentre las pruebas con base en las cuales ha dado cierta información. Esta Fiscalía responde con una Directiva por medio de la cual imparte unos lineamientos para defender la libertad de prensa en el país, reiterando las garantías constitucionales y legales vigentes.
En otro programa periodístico, argumenta la Senadora que los colombianos tienen el derecho a la verdad, por lo que la Fiscalía les debe garantizar el derecho a la imparcialidad de los medios y la veracidad de la información, y que sobre esto es necesario el debate político a los medios y eventualmente un marco para poner límites claros, quién financia a los medios, impedimentos, debate sobre el poder narrativo y el poder de los medios para sembrar odio. ¿Pensará así una nueva Fiscalía?
Estos argumentos, infortunados, ligeros y equivocados, van en contravía del estado de derecho, de la democracia y de las garantías constitucionales sobre la libertad de prensa, el derecho a la información y la libertad de expresión.
En lo que sí tiene razón la Senadora, es que si hay un conflicto entre estos derechos y derechos individuales, el afectado puede acudir a la institucionalidad, a la justicia. Si un medio afecta el derecho a la honra, al buen nombre, el afectado tiene el derecho a exigir que se rectifique, a denunciar la comisión de delitos como la calumnia y la injuria, y hasta a reclamar indemnizaciones por perjuicios. Todo ello tiene en Colombia y de mucho tiempo atrás el marco legal del caso y una vasta jurisprudencia.
En consecuencia, frente a actos concretos, de algún medio o periodista específico, que a juicio de un posible afectado haya obrado de manera contraria a la ley, se puede proceder como corresponde, con pruebas, bajo esa misma institucionalidad para que sea la justicia quien decida. Por el contrario, las arengas políticas, en redes, no aconsejan ese deber ser, y sí incitan emociones que se traducen en confusión que puede conllevar violencia y vías de hecho.
Tampoco resulta transparente ni bien intencionada la invitación a realizar debates generales de control político en un contexto político tenso y polarizado, con el objetivo de cuestionar desde la política a los medios que cuestionan esa política desde el periodismo en ejercicio de su labor. Y menos aun, como ya se está haciendo, anticipando la eventual conveniencia de nuevos límites a medios y periodistas, siguiendo el ejemplo de regulaciones en otras latitudes.
Tomar este camino marca un antes y un después en un estado de derecho democrático.
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