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La Unión Europea regulará la desinformación en línea

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pexels

18 de Enero de 2022

18 de enero de 2022

A mediados de 2022, después de varios años esperando que las empresas tecnológicas regularan la información errónea o desinformación en línea, la Unión Europea emitirá nuevas leyes. Según varios funcionarios, estas cambiarán las reglas del juego en internet. 

Así lo reveló un artículo escrito por Anya Schiffrin que fue publicado a comienzos de diciembre de 2021 en la prestigiosa revista universitaria Columbia Journalism Review. Según el texto, en el viejo continente se adelantan negociaciones sobre diferentes aspectos de las nuevas regulaciones y el gobierno francés, que asumirá la presidencia rotatoria de enero a julio de 2022, está decidido a aprobar la Ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés) y la Ley de Mercados Digitales (DMA por sus siglas en inglés) antes del 2022. Esto sucede “en parte porque el presidente Macron quiere tener un historial de regulación a gigantes tecnológicos y trabajar bien con Europa”.

Actualmente, al igual que en Estados Unidos y otras partes del mundo, en Europa se enfrentan al aumento de la desinformación en línea debido, en gran parte, al crecimiento de las plataformas tecnológicas. Esta situación se da al tiempo que las fuentes confiables de información (como los medios locales) se han ido reduciendo o desapareciendo.

Las nuevas leyes incluyen varios aspectos innovadores que tocan los intereses de varios jugadores del internet. La DMA se centra en regular el poder de mercado de las plataformas. Esta ley permitirá a los reguladores actuar antes de que grandes empresas como Google o Facebook entren en el mercado, de modo que los reguladores puedan intervenir antes de que estas compañías crezcan tanto que afecten el intercambio. En este sentido, la discusión en el Parlamento Europeo se centra en cuáles serán las empresas incluidas en esta ley. Los parlamentarios de centro derecha del Partido Popular Europeo (PPE) quieren limitar esto solo a las empresas GAFA (Google, Apple, Amazon y Facebook), mientras que los Socialistas y Demócratas quieren mantener las definiciones más flexibles para que en el futuro se puedan considerar más empresas.

Por otro lado, la DSA busca romper con la idea de que Facebook y Google se autorregulan. A través de esta ley, se requerirá que estas compañías realicen evaluaciones periódicas de los riesgos sistémicos que crean para las sociedades, muestren sus planes para abordar esos riesgos (incluidos los daños por información errónea o desinformación), y permitan que los reguladores auditen sus algoritmos. Por este motivo, muchos funcionarios consideran que esta ley realmente cambiará sustancialmente las reglas del juego.

El artículo publicado por la Universidad de Columbia señala que este enfoque en la gobernanza del discurso y los daños generados por la desinformación y el discurso de odio por parte de las plataformas es similar al proyecto de ley de seguridad en línea del Reino Unido (OSB por sus siglas en inglés), que probablemente sea aprobado por el parlamento en 2022.

Sin embargo, destaca una diferencia fundamental entre ambas leyes. Mientras la DSA se centra en los riesgos sociales, la OSB busca evitar los riesgos para el individuo. El énfasis en los riesgos sistemáticos pretende abordar la amplificación de la desinformación en línea por parte de los gigantes tecnológicos. Por el contrario, el OSB adopta un enfoque más agresivo con respecto al contenido, ya que impulsa la eliminación del contenido que puede dañar a las personas. “La DSA es una solución elegante. Nos permite mitigar el daño sin censurar el contenido. El odio y la estupidez son eternos. El problema es la propagación algorítmica”, dijo el embajador digital de Francia, Henri Verdier, citado en el texto.

Además de evitar la amplificación de información errónea o desinformación a través del algoritmo, la DSA incluye disposiciones para evitar que los anuncios aparezcan junto a contenido falso. En ese sentido, Krisztina Stump, jefa de la unidad de la Comisión Europea sobre Convergencia de Medios y Redes Sociales, dijo que “la DSA es un gran conjunto de varias medidas. Esperamos que las plataformas mitiguen el riesgo, pero no para garantizar que desaparezcan todos y cada uno de los fragmentos de desinformación. En cualquier caso, no vemos la eliminación como LA solución para abordar la desinformación”.

Al final, “ambos proyectos de ley tienen el potencial de convertirse en referentes de estándares globales porque serán las primeras regulaciones integrales aprobadas por gobiernos democráticos”, afirma Schiffrin.

También se está discutiendo la prohibición de la publicidad microdirigida. “Sin embargo, parece ser menos probable que esto se incluya debido a la prisa por aprobar el proyecto de ley, y algunos dicen que no sería necesario si el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), un reglamento de la UE implementado en 2018, se hubiera aplicado correctamente”, agrega la periodista, quien explica que los defensores de la prohibición señalan que la microfocalización hace que la información errónea o la desinformación en línea sea más personalizada y, por lo tanto, más peligrosa, y le da a las plataformas una ventaja sobre los medios de comunicación tradicionales que han perdido sus ingresos publicitarios a manos de las grandes empresas tecnológicas. “Estamos tratando de romper el modelo comercial de Google y Facebook”, dijo Paul Tang, miembro holandés del Parlamento Europeo (MEP). 

Lo que aún genera dudas es el equilibrio que debe existir entre la libertad de expresión y la regulación. Según la revista, Alemania está preocupada por que la DSA sea más débil que su propia Netz DG, que multa a Google, Facebook y otras grandes empresas que han sido advertidas repetidamente sobre contenido ilegal (como discursos de odio) en sus plataformas y tienen un patrón de no eliminarlo. Por eso, a los alemanes les gustaría ver un cronograma para la eliminación de contenido ilegal agregado a la DSA.

La aplicación es otra cuestión clave. Si esta se hace a nivel nacional, “¿qué impedirá que los países miembros más pequeños de la UE pueden no tener el personal y la experiencia para regular Big Tech?”, se pregunta la autora del texto. Por esta razón, Francia y otros quieren que la UE haga cumplir la ley, lo que significar dotar de personal a los organismos reguladores y contratar a una nueva generación de legisladores que entiendan cómo funcionan los algoritmos.

Hasta ahora, lo que queda claro es que la discusión va por buen camino, pero falta mucha tela para cortar. Como dice Henri Verdier, Embajador Digital de Francia: “Hace veinte años, las primeras leyes contra el lavado de dinero establecían que no se podía llevar una maleta con dólares a un banco. Hoy en día, es más sofisticado. Consideramos que la regulación es una conversación continua entre las empresas y los reguladores”.