Un proyecto del Congreso de ese país pretende que solo se haga en medios públicos y redes sociales.
La SIP afirma que se trata de una práctica discriminatoria que lesiona los principios constitucionales de libertad de prensa, libertad de empresa y de acceso a la información pública y transparencia.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, envió la siguiente carta al presidente del Congreso de Perú, Luis Galarreta Velarde, y llamó a los legisladores a sostener un debate más amplio sobre el tema y a considerar criterios técnicos, de efectividad y transparencia en la contratación de espacios publicitarios.
Sr. Presidente del Congreso:
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organización sin fines de lucro dedicada a la vigilancia de la libertad de prensa en la Américas, desea expresar su sorpresa por el contenido del Proyecto de Ley 2133/2017-CR que con el propósito de regular el gasto de la publicidad oficial prohíbe la contratación de publicidad en medios privados. Esto contrasta con los esfuerzos en otros países de la región donde se insta a los Congresos a legislar sobre la distribución de publicidad oficial con parámetros técnicos, objetivos de eficiencia y transparencia, sin discriminaciones.
Sorprende más que Perú, un democrático, arremeta con este mecanismo de presión en contra de las libertades de prensa, expresión y de empresa, por cuanto limita la transparencia del Estado al disponer que su contratación publicitaria se haga solo en un puñado de medios públicos y de redes sociales, convirtiéndose en un factor de discriminación contra los medios privados. Esto afectará principalmente a los medios pequeños, al ver perjudicada su sustentabilidad sin los ingresos de la publicidad oficial.
Esta iniciativa, además, lesiona el principio de igualdad ante la ley, la obligación de transparencia y rendición de cuentas, así como la libertad de empresa garantizadas en la Constitución Política del Perú, debido a que el Estado privilegiará a un sector por sobre otros violando normas de competitividad y de libre mercado. También se debe tener en cuenta que el dinero invertido en redes sociales solo beneficiará a compañías tecnológicas extranjeras en detrimento de la industria nacional.
Se debe considerar que los medios públicos suelen ser utilizados por los gobiernos como órganos de propaganda partidista, por lo que esta iniciativa podría tener el agravante de que, en períodos de inseguridad política, los administradores antidemocráticos puedan usarla como mecanismo de presión en contra de los medios que los critiquen.
En nuestra experiencia, la discriminación en el otorgamiento de la pauta publicitaria constituye una modalidad de malversación de fondos públicos. La SIP ha venido sosteniendo en pronunciamientos y resoluciones que la aplicación de políticas discriminatorias para la distribución de la publicidad oficial ‘configura actos de corrupción por cuanto se utilizan recursos públicos que aportan los ciudadanos en beneficio de los intereses privados de los administradores’.
La SIP solicita que se erradique este tipo de práctica ilegítima en todo el continente y que se promulguen leyes para que la publicidad oficial sea entregada con plena transparencia y criterios técnicos, equidad y un manejo eficiente de los recursos públicos. En ese sentido, nuestra organización expresó su beneplácito por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de México del 15 de noviembre que ordenó al Congreso nacional a legislar y regular la distribución de la publicidad oficial antes del inicio de la campaña política de ese país en abril. La Corte dispuso que el Congreso debe cumplir con la obligación de reglamentar la publicidad y propaganda gubernamentales, bajo criterios de ‘eficiencia, eficacia y honradez’, según lo establece la Constitución mexicana. En 2008 la SIP otorgó el Gran Premio Chapultepec a la Corte Suprema de Justicia de Argentina por una sentencia que obliga al Estado a distribuir publicidad oficial mediante criterios técnicos, objetivos y no discriminatorios.
La SIP llama a que se inicie un diálogo en el Congreso para que se presenten distintos puntos de vista con el fin ulterior de que el Perú también pueda plegarse a las mejores experiencias de las Américas y se respete el séptimo principio de la Declaración de Chapultepec en cuanto a que ‘la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas’. Este principio ha sido suscrito por los presidentes Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski.
Perú es uno de los países cuyas normas, como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, han sido ejemplo en el marco de las libertades de prensa y de expresión a nivel interamericano. La SIP tiene la esperanza de que este nuevo proyecto de ley sea descartado para no afectar la libertad de expresión ni la tradición de su país en esta materia.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en el continente americano, compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental. Para tener más información sobre la SIP, visite su sitio web: http://www.sipiapa.org/contenidos/home.html