Preocupante Informe de Libertad de Prensa en Colombia en la 79ª Asamblea de la SIP

Durante la 79ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, que tuvo lugar en la Ciudad de México, se dio a conocer el informe de libertad de prensa correspondiente a Colombia el pasado 12 de noviembre. 

Reproducimos a continuación el texto del informe: 

El asesinato de un periodista, las amenazas de muerte y la estigmatización en contra de la prensa, promovida principalmente por el presidente Gustavo Petro y funcionarios nacionales, son hechos graves ocurridos en este periodo.

El 9 de mayo fue asesinado el periodista Luis Gabriel Pereira, director del medio digital Notiorense, de Ciénaga de Oro, Córdoba, que escribía frecuentemente sobre capturas, homicidios y el incremento de la violencia en la región.

El director del medio digital Caribe Noticias 24/7, con sede en Córdoba, Yamir Jhan Pico, se vio forzado a salir del país junto con su familia, luego de recibir amenazas y un ataque debido a sus investigaciones periodísticas.

Un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) del 29 de septiembre registró 69 agresiones contra más de 80 periodistas este año. Estableció que suelen ser blanco de los grupos armados los periodistas que cubren "temas relacionados con las acciones delincuenciales".

En Tuluá, Valle del Cauca, el crimen organizado viene presionando desde junio a varios periodistas locales para que publiquen información que proviene de un grupo ilegal. También declararon objetivo militar a cinco periodistas por no acceder a sus pedidos. Dieron instrucciones amenazantes para que no se informe sobre uno de los candidatos a la alcaldía de Tuluá.

La directora del diario La Opinión de Cúcuta, Estefanía Colmenares, fue objeto de amenazas contra su vida, después de que el medio criticara el proceder irregular del exalcalde de esa ciudad, Ramiro Suárez, quien permanece detenido.

El presidente Petro y sus seguidores continúan estigmatizando a medios y periodistas, creando un clima de intolerancia, antagonismo y criminalización contra la prensa. Petro acusa a los medios de mentir, de desprestigiar su gestión, de participar en un supuesto "golpe blando" en su contra y de "desatar un genocidio" o provocar un suicidio –en alusión al caso del coronel Óscar Dávila de su equipo de seguridad, quien se quitó la vida en medio de un escándalo que involucra al entorno presidencial– por la presión de la prensa.

En las marchas convocadas por el gobierno nacional el 7 de junio, el presidente Petro responsabilizó a un medio de comunicación por la gestión de la Fiscalía General. Indicó que "acaban de allanar otras oficinas de la Presidencia. (La revista) Semana ordena y el CTI obedece". Cinco periodistas fueron agredidos ese día. La Asociación de Medios Informativos (AMI) reclamó a las autoridades mejor comportamiento democrático.

El 29 de septiembre, Semana fue atacada por la Minga indígena, grupo que asistió y participó dos días antes en las marchas convocadas por el gobierno. La AMI calificó de inaceptable y muy preocupante la toma violenta de las instalaciones del medio.

Ante ese episodio, Petro rechazó los actos de violencia en contra de los medios. No obstante, la ministra del Trabajo conminó a los medios a que "no sean incendiarios". En esa misma línea, Petro cuestionó que, si los medios pueden calumniar al presidente, él debe tener derecho a réplica ante la información falsa.

Desde el Congreso nacional también se estigmatiza y se llama al control de los medios. El 16 de junio, la senadora oficialista Isabel Cristina Zuleta advirtió, con ocasión de una investigación periodística, que un medio de comunicación debía ser intervenido por la Fiscalía General. El 20 de junio, reiteró esa solicitud "para garantizar la veracidad y la imparcialidad" de las investigaciones periodísticas, resaltando la importancia de regular la libertad de expresión tomando como referencia la ahora derogada ley de medios de Argentina, con el argumento que se debe limitar el "enorme poder" de la prensa.

Varios proyectos de ley en el Congreso pretenden fijar reglas en materia de rectificación, réplica y aspectos indemnizatorios, contrarios a los estándares interamericanos sobre libertad de prensa.

En otros casos de estigmatización y descrédito, en mayo, el concejal Jhon Carlos Bedoya, de Caucasia, Antioquia, acusó de mentiroso y extorsionador al director de NP Noticias Online, con lo que agravó su situación de seguridad ya que desde 2020 el periodista ha sido víctima de 19 amenazas.

En agosto, el alcalde de Cartagena, William Dau, amenazó a periodistas con acciones judiciales. Los llamó "periodistas de estómago" y "chismosos" y los acusó de tejer una estrategia para atacarlo.

El expresidente Álvaro Uribe y su apoderado acusaron de manera reiterada a un periodista que se pronunció sobre una audiencia en la jurisdicción especial para la paz, calificándolo de "columnista contratista" y de que "podría ser uno de los responsables morales y políticos del terrorismo por sus posturas". Dos periodistas fueron agredidos durante marchas de la oposición el 21 de junio.