25 de Abril de 2026
La libertad de prensa en Colombia enfrenta un escenario de creciente preocupación, según han advertido organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y la Sociedad Interamericana de Prensa SIP, que han reiterado en sus más recientes pronunciamientos la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar el ejercicio libre, seguro e independiente del periodismo en el país.
La Asociación Colombiana de Medios de Información AMI, ha venido documentando y visibilizando estos hechos durante los últimos tres años, destacando el deterioro y las complejas condiciones para el ejercicio periodístico, así como la importancia de preservar el pluralismo informativo, la independencia de los medios y el derecho de los ciudadanos a acceder a información diversa.
En su informe “Los impactos de la violencia sobre los derechos humanos en Colombia”, publicado en diciembre de 2025, la CIDH recogió estas preocupaciones, entre ellas los discursos estigmatizantes de funcionarios públicos contra periodistas, el uso de medios públicos para amplificar mensajes oficiales y los riesgos asociados a la asignación de los presupuestos públicos con criterios políticos para la difusión de la narrativa oficial.
Estas alertas fueron reiteradas en el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, publicado este 23 de abril de 2026, en el que se señala que Colombia continúa siendo un país de alto riesgo para el periodismo, debido a asesinatos, amenazas, agresiones y atentados contra periodistas y medios de información.
La CIDH advierte nuevamente que estos hechos ocurren en un contexto de estigmatización persistente y baja tolerancia frente a la crítica, y llamó la atención sobre los señalamientos provenientes del Ejecutivo, empezando por el presidente Gustavo Petro y otros funcionarios, contra periodistas y medios que informan sobre asuntos de interés público, cuestionando y denunciando. De acuerdo con este organismo, los discursos oficiales que descalifican a la prensa contribuyen a la polarización, debilitan el debate público y aumentan los riesgos para medios y periodistas.
En este contexto, la CIDH ha instado una vez más al Estado colombiano a abstenerse de emitir mensajes que desacrediten a la prensa, adoptar medidas efectivas para garantizar un entorno seguro para el ejercicio periodístico, asegurar que los medios públicos no sean utilizados como herramientas de propaganda y garantizar que la asignación de los recursos y la pauta oficial se realice con criterios claros, objetivos y transparentes.
Por su parte, la SIP ha reiterado estos llamados en distintos escenarios. En su Asamblea General de octubre de 2025 y en su reunión de medio año, celebrada los días 23 y 24 de abril de 2026, también exhortó al Gobierno colombiano a cesar la estigmatización contra periodistas y medios, garantizar la independencia editorial de los medios públicos y evitar su uso como plataformas de propaganda oficial. Asimismo, la organización instó a que no se otorguen privilegios ni se impongan restricciones a los medios de información en función de sus líneas editoriales u opiniones.
De acuerdo con estos organismos internacionales, persisten desafíos significativos en materia de libertad de prensa en Colombia y no se evidencian los avances esperados para la implementación de las recomendaciones formuladas de tiempo atrás, y de manera reiterada.
AMI destaca la importancia de estos pronunciamientos y subraya que la libertad de prensa es un pilar esencial de la democracia, indispensable para garantizar el acceso a la información, el debate público plural y el control ciudadano sobre el poder.
En un momento clave para el país, como el electoral actual, estos llamados internacionales adquieren especial relevancia como exigencia para el fortalecimiento de las garantías democráticas y el respeto por el ejercicio periodístico en Colombia.
Los ojos de la comunidad internacional están puestos en la situación de Colombia y en su reconocido ecosistema de medios privados plural y diverso, cuya libertad y seguridad se debe preservar y garantizar, como señal de respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos y de las instituciones democráticas.
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